El Contralor aseguró que no se ha dado ningún pase de factura ante la revelación de auditos a municipios y juntas comunales del país
“Nuestros procesos no tienen nombres, pero más que nombres queremos justicia, proveerlos podría viciar los procesos”, Así respondió el contralor Federico Humbert, a la interrogante que se le hizo en una entrevista exclusiva sobre los nombres de los diputados que manejaron fondos por $70 millones de manera no transparente, de 113 juntas comunales y 20 municipios de los gobiernos locales, entre los años 2013 y 2014
“Se hicieron auditorías en las que se conoció que 70 de los 71 diputados manejaron $247 millones de las partidas circuitales a través de las juntas comunales. En todas las auditorías se encontraron daños y se percibieron diferentes tipos de delitos”, aseguró el Contralor, al tiempo que aclaró que el proceso de auditorías comienza a solicitud del Ministerio Público y no se inició como las investigaciones de oficio que ejecuta generalmente la Contraloría.
Humbert descartó que el escenario en que se divulgó el resultado de estas auditorías, no repercute en lo absoluto,”en pase de facturas”. “No vamos a cambiar la postura de esta institución por presiones, caiga quien caiga”, afirmó el Contralor en entrevista exclusiva con el periodista Álvaro Alvarado.
“Esto fue un esquema lastimoso.Tenemos cerca de $50 millones que no tienen factura fiscal, hemos encontrados documentos alterados y facturas falsas, por lo que tendrán que hacerle ver al Ministerio Público como manejaron los fondos….evadieron el fisco y eso son se puede dar”, sostuvo.
Contó que los auditos iniciaron durante la pasada administración, cuando la entonces procuradora Ana Belfon pidió las diligencias a la fallecida excontralora Gioconda Torres Bianchini, no obstante, durante la época de transición solicitaron no continuar con las auditorías, para poder durante esta administración realizar un trabajo con mayor independencia y profundidad.
Humbert detalló que a través de los auditos a las partidas circuitales se determinó que el modus operandi consistía en que el diputado pedía al Ministerio de Economía y Finanzas gestionar un traslado de fondos a un municipio y junta comunal donde hubiese un alcalde o representante de su confianza. Luego de esta diligencia el MEF hacia un código secreto para que nadie conociese la procedencia de los fondos o quién lo había solicitado, mientras que el diputado daba instrucciones al destinatario sobre qué hacer con los fondos.