Venezuela 2024: elecciones y consolidación criminal

Venezuela 2024: elecciones y consolidación criminal
Foto: EFE/ Rayner Peña R. Fotografía de un aviso del Consejo Nacional Electoral (CNE) en su sede, el 29 de enero de 2024, en Caracas, Venezuela.

La guerrilla colombiana del ELN es ahora el actor criminal dominante en ambos lados de la frontera

“Venezuela está en un año electoral y el régimen de Nicolás Maduro está decidido a permanecer en el poder. Sus alianzas criminales jugarán un papel crucial en la supervivencia del régimen chavista», así comienza un reporte publicado por el portal especializado en criminalidad Insight Crime a propósito de las elecciones presidenciales previstas para este año.

“Con el paso de los meses en este año y mientras se definan unas fechas para las elecciones, es probable que veamos otras formas de coacción, incluidos grupos armados híbridos como los colectivos y elementos de la guerrillas colombiana del ELN, quienes controlan el suministro de bienes importantes como la gasolina y alimentos para sobornar o forzar a los votantes”, se lee en el artículo de InSight Crime.

 

Foto: EFE/Ernesto Guzmán Jr. Fotografía de archivo en la que se registró un emblema de la guerrilla ELN al ser quemado.

Y añade: “Y si bien existe una creciente atención internacional y la amenaza de sanciones económicas, la experiencia previa demuestra que Maduro no dudará en utilizar la violencia política si siente que sus aspiraciones se ven amenazadas”.

“La administración de Maduro dependerá del ELN tanto para limitar las acciones y campañas de la oposición como para mantener el acceso a las ganancias ilícitas que la guerrilla controla en territorio venezolano”, señala InSight Crime.

 

Foto: EFE/ Rayner Peña R. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro habla en Caracas .

Represión durante las elecciones presidenciales

El régimen venezolano y la oposición política sellaron un acuerdo en Barbados en octubre del año pasado para celebrar elecciones libres y justas, en medio del levantamiento de algunas sanciones estadunidenses. Sin embargo, el régimen de Maduro ha estado apretando las tuercas contra las voces disidentes y, a finales de enero, se negó a levantar la prohibición a la candidata presidencial opositora María Corina Machado, violando lo pactado.

 

Foto: EFE/ MIGUEL GUTIERREZ. Simpatizantes de la líder opositora María Corina Machado ondean hoy una bandera gigante venezolana durante un acto de calle, en Caracas, Venezuela.

Megaoperaciones de relaciones públicas

Desde 2022, las fuerzas de seguridad han adoptado la estrategia de despliegues operativos de gran escala como método para perseguir a los principales líderes criminales que se niegan a sumirse a las reglas de juego de Maduro.

A pesar de los fracasos evidentes, el plan de seguridad que promueve los megaoperativos ha generado una notable reacción positiva en las redes sociales. Por ende, el régimen de Maduro tiene un interés político en continuar con estas acciones, explicó Ezequiel Monsalve, coordinador legal de Defiende Venezuela, a InSight Crime.

 

Foto: EFE/ Rayner Peña R. Una mujer carga un muñeco del expresidetente fallecido Hugo Chávez durante una marcha adepta al gobierno de Nicolás Maduro hoy, en Caracas.

Flujo de drogas por Caribe venezolano

El papel de Venezuela como punto de tránsito ha crecido con el aumento de los volúmenes de cargamento de cocaína que fluyen a través del país hacia el Caribe y cuyo principal destino es Europa.

Aunque el gobierno afirma que sus operaciones militares a gran escala demuestran el compromiso de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico, el régimen también ha recurrido a los despliegues operativos para consolidar su control sobre rutas de narcotráfico relevantes. Así las cosas, el aumento de las incautaciones también responde al incremento de la interdicción gubernamental y a la búsqueda de rutas alternativas por parte de redes de narcotraficantes no alineadas con los actores estatales.

InSight Crime predice que en 2024 los ingresos que genera la cocaína aumentarán en miles de millones de dólares a medida que la cadena de suministro mundial se adapte a la creciente producción de Colombia. Venezuela, ahora productor de cocaína además de país de tránsito, probablemente verá un volumen aún mayor de drogas fluir a través de sus estados orientales.

 

Foto: EFE/ Rayner Peña R. Un hombre camina frente a un cordón policial que separa una marcha oficialista de una concetración opositora, hoy, en Caracas (Venezuela). El chavismo y la oposición calentaron motores y mostraron sus fuerzas este martes con sendas movilizaciones en Caracas y varias regiones de Venezuela, de cara a unas elecciones presidenciales previstas para el segundo semestre del año, aún sin una fecha definida.

Fuerzas de seguridad mal pagadas

A finales de 2022, Maduro anunció un programa de reforma policial basado en un reclutamiento masivo. A lo largo de 2023, el gobierno incorporó alrededor de 40,000 nuevos miembros al cuerpo policial, según declaraciones públicas.

Los informes sobre la participación de funcionarios de seguridad en extorsiones, robos y contrabando de personas han sido noticia con regularidad, especialmente en la segunda mitad de 2023.

Los salarios de los funcionarios de seguridad, que se siguen pagando en bolívares a pesar de una dolarización de facto, comienzan en torno a los $14 al mes, de acuerdo con el monitoreo de medios de InSight Crime y fuentes de seguridad consultadas. Pero para sobrevivir en Venezuela necesitan $500 al mes en un hogar promedio.

La combinación del apresurado proceso de selección y los bajos salarios ha hecho que la actividad criminal sea cada vez más tentadora para los oficiales de seguridad, dijo a InSight Crime Keymer Ávila, autor del informe y profesor de criminología en el Instituto de Ciencias Penales de la Universidad Central de Venezuela.

“Venezuela es actualmente un Estado policial, pero caótico y fragmentado. El Estado ha perdido el control sobre los funcionarios, que tienen sus propias agendas y necesidades, que satisfacen a discreción y sin límites”, afirmó.

 

Foto: EFE/Manuel Bruque. Un lingote de oro, en una fotografía de archivo.

Regulación del comercio de oro

Entre julio y septiembre de 2023, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desalojó por la fuerza a más de 14,000 mineros informales del Parque Nacional Cerro Yapacana, en el estado de Amazonas, en el sur de Venezuela. El resultado de esta operación se presentó como una de las medidas más contundentes contra la minería ilegal en la historia reciente del país.

Pero lo que parecía un golpe certero contra la minería ilegal en Venezuela resultó ser una campaña mediática más del régimen de Maduro para apaciguar la presión internacional en torno a la destrucción medioambiental de la Amazonia venezolana. La minería ilegal en la zona no ha cesado, según la directora de SOS Orinoco, Cristina Burelli, quien afirmó que la operación militar no era más que una cortina de humo.

El régimen depende de las ventas de oro, en medio de los altos precios internacionales, y buscará reforzar su control del sector aurífero durante 2024.

La política insignia de la “Paz Total” del presidente Gustavo Petro, que pretende poner fin al conflicto armado de más de seis décadas de duración, tiene una inmensa relevancia para Venezuela.

Mientras el ELN es uno de los principales actores de la iniciativa de paz de Petro, las facciones militares del grupo en Venezuela crecen y se benefician de la connivencia con elementos estatales locales. Tanto así que la organización rebelde de origen colombiano es ahora el actor criminal dominante en ambos lados de la frontera.

Con presencia en 19 de los 20 municipios fronterizos de Venezuela con Colombia, el ELN se ha establecido como el guardián de los corredores transfronterizos por los que transitan a diario cargamentos de drogas, mercancías de contrabando y familias migrantes. Esta ventaja geográfica fue una de las principales razones por las que InSight Crime nombró al grupo el actor criminal más poderoso de la región para 2023.

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