Un acuerdo con el Ministerio Público, deja la vía libre de polvo y paja al gigante de la construcción brasileño, para hacer negocios con Panamá
El jueves 28 de diciembre de 2017 -penúltimo día hábil del año pasado, el flamante juez duodécimo, ramo penal, Oscar Carrasquilla, acogió un pedido de la mencionada constructora que busca que le certifique que está limpia para licitar con el Estado en la República de Panamá, y giró oficios a las entidades en los que les advertía que la compañía ha cumplido con todo el acuerdo.
La decisión del juez Carrasquilla sale a la luz pública en la víspera que se lleve a cambio una protesta este 9 de Enero -Día de Los Martires- bajo la consignia “Muerte Civil a los Corruptos”.
La frase recoge una decición del gobierno peruano de impedir a perpetuidad que aquellas compañías envueltas en aactos de corrupción puedan contratar con el Estado.
En Panamá, la suerte de Odebrecht y de sus principales directivos -entre ellos Andre Rabello- ha sido otra. La recompensa otorgada por el Ministerio Público, a cambio de confesar sus actos criminales y señalar a sus cómplices, consiste en el archivo de sus procesos. En otras palabras Odebrecht libres de polvo y paja.
Reacciones
El precandidato presidencial de Partido Revolucionario Democratico ( PRD) Juan Carlos Navarro y el activista de los derechos humanos, Rolando Villalaz Guerra repudiaron la decisión judicial.
“Inaceptable” respondió Navarro a la pregunta sobre qué reaacción le provocaba ese acuerdo. ” Ah verdad me olvidaba que Odebrecht coimió a (Juan Carlos) Varela con $10 millones”, añadió Navarro.
Villalaz Guerra, quien fuera director de la Caja de Seguro Social (CSS), dijo, su turno, que la decisión judicial busca ” justificar los 4,000 (millones ee dólares)66^en contratos que le ha dado este gobierno y para que de esa plata nos paguen la multa del acuerdo”.
Y es que Norberto Odebrecht, que se benefició durante las tres últimas administraciones de gobiernos con contratos que rondan los 10 mil millones de dólares, tendrá que pagar en “cómodas’ a plazos una multa de 220 millones.
Mientras el penalista Víctor Orobio, abogado de Rafael Guardia, exdirector del desaparecido Programa de Ayuda (PAN) consideró Qué es una empresa no puede ser inhabilitada para ser contratada si no hay una sentencia ejecutoriada, su colega Sidney Sittón, uno de los principales abogados del exmandatario Ricardo Martinelli, consideró que todo se trata de “un pacto de no agresión”.