Un aumento del 25% en el número de denuncias penales por el delito de incumplimiento de deberes familiares (pensiones alimentarias y de deberes), revelan las cifras suministradas por el Departamento de Estadísticas del Ministerio Público
Según los datos obtenidos, de enero al 30 de septiembre del presente año se presentaron 204 denuncias, mientras que para el mismo periodo de tiempo en 2016 existían 163 casos.
La fiscal Superior de Familia, María Moreira explicó que este delito comprende según lo consagrado en el artículo 211 del Código Penal, toda conducta dolosa tendiente a sustraer, negar, eludir, incumplir o abandonar, aun cuando sea de manera parcial o temporal, su obligación alimentaria o sus deberes inherentes a la patria potestad a sus descendientes o ascendientes.
Señaló que igualmente abarca los casos en el que el autor del delito ejecute actos tendientes a ocultar, disminuir o agravar el patrimonio, obstaculizando con ello su obligación alimentaria.
Las penas por desacato oscilan entre uno y tres años de prisión; si es incumplimiento parcial o temporal, la condena estaría estipulada de uno a dos años de cárcel.
Si es un caso agravado aclaró, en el que el autor ejecuta actos para obstaculizar con ellos su obligación alimentaria, la pena correspondiente se agravará de un tercio a una sexta parte.