Los empresarios vuelven a rechazar la medida. Aseguran que la medida no soluciona los problemas, atenta contra los principios de libre competencia, desincentiva la inversión y la producción
La administración de Juan Carlos Varela vuelve a ignorar el pedido de los empresarios aglutinados en la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, y extiende el control de precio sobre 22 productos de la canasta básica, una de las primeras medidas adoptadas tras asumir las riendas del gobierno aquel 1 de julio de 2014.
La medida tiene una prórroga de seis meses, según el Decreto Ejecutivo 13 promulgado este viernes en la Gaceta Oficial.
Su ministro de Comercio e Industrias, Agusto Arosemana, anunció la medida a través de la cuenta de twiiter: “Hoy se prorroga decreto de control de precios manteniendo la canasta básica 12% más barata que cuando asumimos el gobierno”.
En declaraciones a medios locales, Arosemena dijo que la aplicación de la medida en los primeros días del inicio del gobierno en julio de 2014 hasta hoy día se ha registrado una reducción de 42 dólares en el costo de la canasta básica. En campaña, el entonces candidato Varela decía que el panameño tendría de vuelta a su bolsillo 58 dólares mensuales.
Pero los empresarios tienen otra opinión, y piden la eliminación del control de precios a 22 productos de la canasta básica de alimentos debido a que, según aseguran, la inflación bajó de 4.5% (2014) a 0.4% en el 2016.
Al igual que en otros países, dice la Cámara, la iniciativa de control de precios no soluciona los problemas y no tiene cabida en un modelo económico de libre oferta y demanda.
El Gobierno prometió, recordó la Cámara, que el control de precio no afectaría al consumidor ni al productor, pero la realidad ha sido otra. La medida ha impactado a todos los sectores en especial al agropecuario que ha perdido el estímulo para invertir y producir, situación que genera escasez en productos de consumo como, por ejemplo, ñame, yuca, lentejas y tomate.
En dos años y medio de administración, este sería la quinta vez que el Gobierno posterga por seis meses el control de precios que, a juicio, de los empresarios, atenta contra los principios de libre competencia.