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Contralor Federico Humbert revive las partidas circuitales

Contralor Federico Humbert revive las partidas circuitales
El contralor con el diputado Carlos Afú, en los trabajos del estadio Roberto "Flaco bala" Hernández, Los Santos.Foto/CGR

Un decreto de la Contraloría aprueba que los diputados puedan hacer “donativos” discrecionales de hasta 20 mil dólares. Cada subsidio debe ser avalado por el presidente de la Asamblea Nacional

El contralor general de la República, Federico Humbert, aprobó un “decreto” que permite a los diputados disponer de manera discrecional de dineros del erario público, a través de figuras que él llama “donativos” y “subsidios”. La iniciativa de Humbert ha generado una oleada de críticas por parte de políticos y figuras de la sociedad civil.

Se trata del Decreto 441-2016-DMySC, publicado en la Gaceta Oficial el martes 1 de noviembre, cuando los panameños se preparaban para aprovechar los días de asueto por la celebración de las fiestas patrias. El documento, que lleva la firma de Humbert y el secretario general de la Contraloría, Carlos García, permite a los diputados recibir fondos públicos para otorgar donaciones y asistencias sociales, hasta tres veces durante el año.

El documento explica que se elaboró por la Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría en conjunto con las unidades administrativas de la Asamblea Nacional, y lleva por denominación “Requisitos y Controles para otorgar apoyos en la Asamblea Nacional de Panamá (Donativos o subsidios)”.

Según el documento aprobado por Humbert, el presidente de la Asamblea Nacional debe autorizar cada uno de los “donativos” o “subsidios” que regalarán los diputados y que pueden ser de hasta 20 mil dólares. Los topes para estos “donativos” son:

  • Personales: $2,500.00
  • Estudios: $5,000.00
  • Apoyo deportivo para atletas: $5,000.00
  • Gastos médicos: $10,000.00
  • Para organizaciones sin fines de lucro: $10,000.00
  • Apoyo a Juntas Comunales: $15,000.00
  • Apoyo deportivo para organizaciones: $20,000.00

El decreto no menciona a partir de qué fecha se pueden otorgar estos “donativos” o “subsidios”, tampoco hace mención de qué institución hará los aportes ni especifica si el Presupuesto General de la Nación vigente lo contempla. Según los topes establecidos, entre los 71 diputados estos podrían disponer de hasta 4.6 millones de dólares.

Uno de los primeros en cuestionar la medida fue el abogado constitucionalista Ernesto Cedeño, quien a través de su cuenta de Twitter, calificó el decreto de Humbert de “escandaloso”. “Sigue el clientelismo de diputados. ¿Para qué está el Ifarhu, Pandeportes, etc?”, dijo Cedeño. En otro tuit, Cedeño se preguntó por qué se expide este decreto “si ya no hay partidas circuitales. ¿Cómo así?”

Las partidas circuitales eran asignaciones de recursos que tenían los legisladores para gestionar obras y entregar donaciones de manera discrecional en las comunidades de sus circuitos. A raíz de las fuertes críticas que recibieron, por el evidente manejo político que tenían, el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso eliminó las partidas circuitales en el año 2001.

Mientras que Magaly Castillo, directiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó a En Segundos que el decreto emitido por la Contraloría representa una “legalización del clientelismo político”, debido a que el dinero podría ser utilizado con fines de “proselitismo político para que los diputados sigan reeligiéndose”.

La abogada hizo énfasis en las funciones que la Constitución le otorga a los diputados, siendo uno de ellos el crear leyes, sin embargo, no se encuentra entre esos menesteres brindar asistencias sociales. Es por ello que considera que este documento hace revivir “legalmente las antiguas partidas circuitales”.

Asimismo, Castillo añadió que el contenido del decreto es una evidente contradicción con los esfuerzos que hace el Estado por establecer una descentralización gubernamental.

Por su parte, la diputada independiente Ana Matilde Gómez también rechazó el decreto de la Contraloría porque “reduce” y “aleja” a los diputados de su función constitucional. Los problemas sociales deben ser atendidos “institucionalmente”, sostuvo Gómez por medio de su Twitter.

Mientras que el expresidente Ricardo Martinelli se refirió al tema arremetiendo contra el contralor manifestando que es una “sinvergüenzura”, porque permite a los diputados “robarse” los fondos de la Asamblea Nacional “legalmente”.

 

 

 

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